Esta columna del excelente escritor nicaragüense, exiliado
gracias a la dictadura de Ortega, refleja el grave momento que vive este país a
propósito de las elecciones realizadas el día de ayer, farsa perversa que
pretende legitimar una situación de hecho, donde todos los poderes están en
cabeza de un solo hombre y los candidatos que pretendieron oponerse, siete en
total, a través de un proceso democrático, paradójicamente todos están en la cárcel,
con un irrespeto total al debido proceso y el derecho de defensa. Esta columna aparecida en Boomerang literario del
periódico “El país” de España, es una radiografía de lo que pasa en este país,
la transcribimos con el único ánimo de sumarnos a esta denuncia. CESAR HERNANDO
BUSTAMANTE
Sergio Ramírez
Para el régimen en Nicaragua la mejor de las soluciones sería
que las elecciones que según la Constitución y las leyes deben realizarse en
noviembre de este año, fueran nada más un trámite burocrático, o, mejor que
eso, que no existieran del todo. Que no existieran los partidos políticos de
oposición, ni tampoco los candidatos capaces de desafiar la cuarta reelección
consecutiva de Daniel Ortega.
Esta es una antigua idea sacada del leninismo de manual acondicionado
al trópico, donde, de todas maneras, el vicio de la reelección es más viejo que
la revolución de octubre. La supuesta escogencia, ya tan obsoleta, sigue siendo
entre democracia burguesa o democracia proletaria, aunque, en fin de cuentas,
no es sino otra más simple: poder temporal, con alternancia democrática, o
poder para siempre a toda costa.
La democracia representativa sale sobrando en la simpleza de
este credo, porque la existencia de varios partidos en competencia, reza el
alegato ideológico, sólo provoca disensiones. Entonces, la panacea, por mucho
que huela a naftalina, es el partido único.
Los viejos telones rotos enseñan el tinglado de trampas y
artimañas donde estas elecciones van a representarse. Al Consejo Supremo
Electoral, de absoluta obediencia al régimen, tocará calcular de antemano la
cifra abrumadora de votos con que el candidato oficial a presidente y su
esposa, candidata a vicepresidenta, ganarán las elecciones; y decidir, de
antemano también, cuántos asientos tendrá su partido en la Asamblea Nacional;
no menos de dos tercios, por supuesto, lo que les garantiza el control
absoluto.
Hallarse a la cabeza de las encuestas de opinión, vuelve
indeseable a un aspirante a la candidatura presidencial en estas condiciones.
Es lo que ha ocurrido con Cristiana Chamorro, hija del periodista Pedro Joaquín
Chamorro, asesinado por la anterior dictadura de Somoza en 1978, y de Violeta
Barrios de Chamorro, quien ganó las elecciones de 1990 que pusieron fin a la
dramática década de la revolución.
Cristiana, quien presidió la Fundación Violeta Barrios de
Chamorro, dedicada a promover la libertad de expresión, está siendo acusado del
delito de lavado de dinero, y sus cuentas bancarias han sido congeladas, han
allanado su domicilio, la han dejado incomunicada, con la casa por cárcel, y le
han quitado sus derechos políticos, inhibiéndola sin que exista ninguna
sentencia judicial condenatoria, para que no pueda ser candidata.
Dos funcionarios de la Fundación han sido llevados a la
cárcel, porque una atrabiliaria ley faculta al estado a detener por tres meses
a personas sujetas a investigación penal, con lo que el derecho de habeas
corpus, que es una garantía universal, queda anulado. Dos presos políticos más,
que se suman a los cerca de cien que ya había antes.
Todos los periodistas que han recibido alguna vez respaldo
económico de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, o becas, están siendo
llamados a declarar a cuenta de un delito inexistente, y también como una
manera de amedrentarlos. Algunos de ellos han sido ya indiciados, y no pueden
salir del país.
La Fundación Luisa Mercado, que yo presido, y que realiza
cada año el Festival Centroamérica Cuenta, ha firmado convenios con la
Fundación Violeta Barrios de Chamorro para organizar talleres y mesas sobre
nuevo periodismo en el marco del festival, que tiene relieve internacional. Fui
llamado a declarar ante la Fiscalía por este motivo, a pesar de que no hay nada
oculto ni nada que no sea legal en esos convenios.
El pretexto de la acusación de lavado de dinero es que la
Fundación Violeta Barrios de Chamorro obtuvo fondos de la Agencia Internacional
para el Desarrollo (AID) del gobierno de Estados Unidos.
Los organismos no gubernamentales de Nicaragua reciben
recursos de otros gobiernos, y de agencias internacionales. Ya Ortega mandó
aprobar una ley que obliga a quienes obtienen fondos de estas fuentes, a
declararse agentes extranjeros, y con eso pierden sus derechos políticos. Pero
no es la que se está aplicando en este caso.
Han buscado el nombre de un delito que evoque al crimen
organizado, por absurdo que pueda ser. El lavado de dinero, de acuerdo con el
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sólo existe cuando se busca
legitimar fondos “generados por actividades ilegales o criminales, por ejemplo,
narcotráfico, contrabando de armas, corrupción, desfalco, extorsión, secuestro,
piratería”.
Ahora, otro aspirante presidencial, Arturo Cruz Sequeira, ha
sido apresado en el aeropuerto al entrar al país procedente de Estados Unidos,
y acusado de violar la “Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la
independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, por “incitar a la
injerencia extranjera”. Esta es una ley que castiga aún el acto de “aplaudir”
la imposición de sanciones impuestas desde fuera contra el régimen o personas
de la maquinaria oficial.
Estas son, pues, las elecciones que se avecinan en Nicaragua.
Unas elecciones donde no habrá candidatos oponentes, más que aquellos cortados
a la medida de la representación teatral, que tiene un guion inflexible. Una
falsa campaña electoral, unas elecciones de resultados ya sabidos desde antes,
y con unos ganadores asegurados de antemano.
Todo esto lo que demuestra es que el estado de derecho dejó
de existir en Nicaragua. Lo demás es ficción y remedo. Y mientras tanto, el
abismo se ensancha a nuestros pies.
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